LA LEY DE TIERRAS Y LA GANADERÍA VENEZOLANA: LECCIONES Y RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
Una reflexión sobre la tierra, la productividad y el futuro del campo venezolano.
Después de más de cuarenta años dedicado a la ganadería en EL LLANO apureño, he aprendido que la tierra es mucho más que una extensión medida en hectáreas. Es un recurso natural, un medio de producción y, para muchas familias, el resultado del trabajo de varias generaciones.
Por eso, cuando hablamos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, considero que debemos hacerlo con conocimiento, responsabilidad y disposición para aprender de nuestras experiencias.
No pretendo hacer un análisis jurídico. Quiero compartir algunas reflexiones desde mi experiencia como ganadero e ingeniero en Producción Animal, porque creo que Venezuela necesita revisar no solamente sus leyes, sino también la manera en que las aplicamos y nuestra propia conducta frente a las instituciones.
LA TIERRA Y SU REALIDAD HISTÓRICA
La propiedad y la tenencia de la tierra han sido asuntos complejos a lo largo de nuestra historia.
Durante generaciones, muchas tierras han sido ocupadas, trabajadas, compradas, vendidas y heredadas bajo diferentes condiciones jurídicas. En algunos casos, la realidad histórica de su aprovechamiento no resulta sencilla de conciliar con la documentación y las distintas figuras legales existentes.
La propia legislación agraria contempla procedimientos y requisitos relacionados con la titularidad, la ocupación y la adjudicación de tierras. Por eso debemos distinguir entre las diferentes situaciones jurídicas, sin asumir que todas las unidades de producción tienen las mismas condiciones.
No es lo mismo una expropiación que un procedimiento de rescate de tierras o una declaratoria de tierras ociosas. Cada figura tiene sus fundamentos, requisitos y procedimientos.
Detrás de una finca o de un hato existen inversiones, trabajadores, familias y una actividad económica que merece ser comprendida. Pero también existen derechos e intereses de campesinos y otros sujetos que la legislación busca proteger.
Por eso considero indispensable estudiar cada situación con responsabilidad, respetando los derechos de todos los involucrados.
LA PRODUCTIVIDAD NO SE MIDE SOLAMENTE EN HECTÁREAS
En EL LLANO conocemos muy bien las diferencias entre bancos, bajíos, esteros y sabanas inundables. Cada ambiente tiene sus propias características y limitaciones.
La disponibilidad de agua, los períodos de lluvia y sequía, los suelos, la vegetación natural y la capacidad de carga determinan las posibilidades reales de producir.
Por eso considero un error evaluar una ganadería extensiva tomando únicamente como referencia la cantidad de animales por hectárea.
Una carga animal baja no significa necesariamente que la tierra esté siendo desaprovechada. De la misma manera, tener más animales no significa producir mejor. Una carga excesiva puede deteriorar las sabanas y comprometer su productividad futura.
LA VERDADERA PRODUCTIVIDAD DEBE EVALUARSE DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES DEL ECOSISTEMA Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD.
Hay algo importante que debemos reconocer: la propia Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempla criterios relacionados con las condiciones agrológicas, la vocación de uso agrícola y la capacidad agroproductiva.
El artículo 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por ejemplo, relaciona el rendimiento idóneo con la vocación de la tierra y su capacidad de uso agroproductivo.
Entonces, mi preocupación no consiste en afirmar que la ley desconoce completamente estas diferencias. Mi inquietud es saber si esos criterios se han interpretado y aplicado correctamente en las distintas regiones ganaderas del país.
En las sabanas inundables del Alto Apure, una evaluación técnica debe considerar la estacionalidad, la capacidad de carga, los recursos naturales y la viabilidad económica de los sistemas de producción.
Tampoco podemos pensar que dividir grandes extensiones en pequeñas parcelas garantiza una mayor producción o mejores condiciones de vida.
En determinadas regiones de EL LLANO, una familia puede necesitar superficies considerables y un número suficiente de animales para desarrollar una ganadería económicamente sostenible.
Esto no significa que las explotaciones pequeñas no puedan funcionar. Significa que cada sistema debe evaluarse de acuerdo con sus condiciones naturales, técnicas y económicas.
Antes de decidir cómo debe aprovecharse una tierra, primero debemos conocerla.
LA LEY Y LA MANERA EN QUE LA APLICAMOS
He reflexionado mucho sobre la Ley de Tierras y considero que lo primero que debemos revisar es la manera en que se ha aplicado.
Una ley puede haber sido concebida con determinados propósitos, pero su interpretación y aplicación pueden producir resultados diferentes.
A lo largo de estos años he conocido experiencias y situaciones relacionadas con la tierra que, desde mi perspectiva, merecen ser estudiadas profundamente. Algunas decisiones parecieran no haber estado suficientemente fundamentadas en criterios técnicos, y existen productores que han señalado irregularidades, presiones y dificultades para defender sus derechos.
Estas situaciones deben investigarse con seriedad, sin generalizar ni sustituir los hechos comprobados por opiniones.
Al revisar decisiones judiciales relacionadas con la legislación agraria, encontramos que los tribunales han examinado actuaciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI), incluyendo controversias sobre la productividad de los predios, la fundamentación de las decisiones administrativas y el cumplimiento de los procedimientos.
Existen decisiones en las que se han anulado actuaciones administrativas y otras en las que los recursos de los particulares no han prosperado.
Esto nos recuerda que la aplicación de la legislación está sujeta a controles jurídicos y que cada controversia debe estudiarse conforme a sus hechos y circunstancias.
Pero hay algo que considero fundamental: las leyes, por sí solas, no garantizan justicia.
Su aplicación depende también de las personas, de su preparación, de su conducta y de la cultura de las instituciones.
En muchas oportunidades he conversado con abogados y profesionales del derecho sobre cómo una misma legislación puede ser interpretada de diferentes maneras. Incluso pueden encontrarse mecanismos para aprovechar sus disposiciones en beneficio de intereses particulares.
Una legislación concebida para promover el desarrollo productivo nunca debería convertirse en un instrumento de confrontación, de intereses particulares o de decisiones alejadas de la realidad técnica y económica del campo.
Por eso pienso que antes de reformar una ley debemos estudiar cómo se ha aplicado, cuáles han sido sus resultados y dónde se han presentado las dificultades.
Posteriormente, con la participación de juristas, jueces con experiencia, universidades, especialistas y productores, debemos determinar qué aspectos necesitan aclararse, modificarse o perfeccionarse.
NO TODO PROBLEMA SE RESUELVE CAMBIANDO UNA LEY. TAMBIÉN DEBEMOS CAMBIAR LA MANERA EN QUE LA INTERPRETAMOS Y LA APLICAMOS.
PRODUCIR ALIMENTOS NO ES ALGO QUE SE DECRETA
A veces pareciera que basta con establecer una disposición legal o modificar la distribución de la tierra para conseguir que aumente la producción.
Pero quienes hemos dedicado nuestra vida a la ganadería sabemos que no funciona así.
Producir carne, leche y alimentos requiere conocimiento, inversión, infraestructura, organización, trabajadores preparados y tiempo.
También requiere seguridad jurídica, condiciones económicas que permitan planificar y respeto por las características naturales de cada región.
Una unidad de producción no se vuelve más eficiente simplemente porque cambie su propietario, su superficie o su condición jurídica.
Debe existir un sistema productivo viable, técnicamente fundamentado y económicamente sostenible.
IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN
La legislación agraria establece objetivos de desarrollo rural, aprovechamiento productivo, protección ambiental y seguridad agroalimentaria. Son propósitos que debemos considerar al evaluar sus resultados.
Pero las leyes no sustituyen el conocimiento, el trabajo ni las inversiones necesarias para producir.
Por eso debemos preguntarnos qué ocurrió con las unidades de producción involucradas en los distintos procedimientos agrarios, cómo evolucionó su productividad, qué sucedió con las inversiones, los trabajadores y las comunidades, y cuáles fueron los resultados obtenidos.
Estas preguntas necesitan información confiable y evaluaciones objetivas.
También debemos reconocer que los problemas de la ganadería venezolana responden a múltiples factores. No sería correcto atribuirlos exclusivamente a una legislación.
Lo importante es aprender de lo ocurrido y corregir aquello que sea necesario.
LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
En distintas oportunidades he hablado sobre la diferencia entre Estado y gobierno.
Los gobiernos cambian, pero las instituciones del Estado deben tener continuidad y funcionar al servicio de la sociedad.
Los productores, como ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes a su funcionamiento.
Creo que debemos dar un voto de confianza a nuestras instituciones y contribuir a fortalecerlas. Pero esa confianza también debe encontrar una respuesta en actuaciones justas, transparentes y respetuosas de la ley.
La seguridad jurídica no depende solamente de lo que establecen las normas. También requiere que las decisiones administrativas estén debidamente fundamentadas, que se respeten los procedimientos y que existan mecanismos efectivos para defender los derechos.
No podemos exigir confianza sin ofrecer garantías, ni podemos esperar instituciones sólidas si quienes formamos parte de la sociedad no participamos responsablemente en su funcionamiento.
LA CONFIANZA NO SE DECRETA. SE CONSTRUYE.
Se construye con hechos, con transparencia, con cumplimiento de las obligaciones y con instituciones que respondan a las necesidades de la población.
Y recuperarla es uno de los grandes retos que tenemos por delante.
LOS PRODUCTORES TAMBIÉN DEBEMOS CAMBIAR
Aquí quiero detenerme en una responsabilidad que nos corresponde directamente.
No podemos exigir que las instituciones funcionen correctamente mientras permanecemos indiferentes a nuestras propias obligaciones.
Debemos avanzar hacia una ganadería cada vez más organizada y formal.
Eso significa llevar registros, documentar nuestras operaciones, cumplir las obligaciones fiscales, laborales y sanitarias que correspondan, mantener actualizada nuestra documentación y actuar dentro del marco legal.
¿Cómo vamos a reclamarle al Estado si nosotros mismos no participamos activamente para que las cosas funcionen?
Por supuesto, el Estado también tiene responsabilidades. Debe ofrecer procedimientos claros, instituciones eficientes, seguridad jurídica y transparencia en la administración de los recursos públicos.
Los impuestos y las contribuciones deben administrarse responsablemente y traducirse en servicios y beneficios para la sociedad.
No podemos desconocer las dificultades que enfrentan muchos productores para cumplir sus obligaciones. Precisamente por eso necesitamos condiciones que faciliten la formalización, en lugar de convertirla en un obstáculo adicional.
Pero tampoco podemos resignarnos a desarrollar nuestra actividad al margen de la formalidad.
Otro aspecto fundamental es la organización.
Los productores debemos agruparnos, fortalecer nuestras asociaciones ganaderas, participar y contribuir a la búsqueda de soluciones.
No podemos continuar actuando individualmente frente a problemas que requieren esfuerzos colectivos.
Las asociaciones deben ayudarnos a representar nuestros intereses, pero también a construir propuestas, promover la transparencia y coadyuvar con las instituciones.
Igualmente, debemos rechazar las prácticas de corrupción y evitar contribuir a ellas mediante nuestras propias actuaciones.
Si queremos instituciones diferentes, también debemos asumir comportamientos diferentes.
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Sigo creyendo profundamente en las posibilidades de la ganadería venezolana.
Pero también creo que debemos aprender de nuestras experiencias.
La Ley de Tierras merece una revisión seria, comenzando por su aplicación y sus resultados, para determinar posteriormente cuáles disposiciones necesitan perfeccionarse.
Esa revisión debe reconocer los objetivos que ya establece la legislación, evaluar si se están cumpliendo y estudiar si los criterios técnicos y jurídicos existentes responden adecuadamente a las distintas realidades productivas del país.
Debe considerar la historia de la tierra, los derechos involucrados, la realidad de los productores y las condiciones ecológicas que determinan su verdadera capacidad productiva.
Sin embargo, el futuro del campo no depende solamente de modificar una legislación.
Necesitamos instituciones que funcionen, productores organizados, trabajadores preparados, seguridad jurídica, transparencia y una relación de confianza que permita invertir y producir.
Y esa responsabilidad no corresponde a una sola parte.
TODOS TENEMOS QUE CAMBIAR.
Las instituciones deben cumplir sus funciones y los productores debemos asumir nuestras obligaciones, participar y contribuir a fortalecerlas.
No podemos esperar resultados diferentes si continuamos actuando de la misma manera.
La tierra seguirá siendo un recurso fundamental para el desarrollo de Venezuela. Nuestro desafío es aprovecharla responsablemente, respetando sus posibilidades productivas, sus limitaciones naturales y los derechos de quienes dependen de ella.
Porque si algo me ha enseñado la ganadería en EL LLANO, es que PRODUCIR ALIMENTOS NO SE DECRETA: SE CONSTRUYE CON CONOCIMIENTO, TRABAJO, INVERSIÓN, CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.
JJ Ganadero



Comentarios
Publicar un comentario